Una de las mayores paradojas de la ciudadanía italiana en 2025 es que el resultado de un expediente puede depender más del lugar donde se presenta que de la solidez de la prueba. En teoría, la ley es una sola y el principio también: sono italiani i figli di italiani. Pero en la práctica nos encontramos con un mosaico de criterios que varía según el tribunal, la región e incluso la oficina de estado civil. Esta falta de uniformidad no solo genera inseguridad jurídica, sino que obliga a diseñar estrategias procesales que incluyan no solo la documentación, sino también la elección del tribunal.
Roma es el ejemplo más citado porque concentra el mayor número de procesos. Allí la práctica es conocida por su rigidez: se rechazan certificados por faltas mínimas, se limitan las inscripciones de sentencias, se impone un control formalista que muchas veces excede lo que dice la ley. En el Véneto, en cambio, la saturación de expedientes ha llevado a una especie de emergencia judicial, con secciones colapsadas que buscan limitar el número de solicitantes por proceso y que aplican el protocolo de 2024 como soft law para filtrar expedientes. Esto ha producido rechazos basados en criterios no previstos en la normativa, como exigir árboles genealógicos con formato específico o limitar a diez los descendientes por causa.
En el sur, la situación es distinta. Los tribunales de Calabria, Campania o Sicilia han mostrado históricamente una mayor predisposición a reconocer la ciudadanía. Allí, los jueces entienden que el principio de favor civitatis debe guiar la interpretación y que las divergencias menores en nombres o fechas no pueden servir como excusa para negar un derecho que la Constitución garantiza. Este enfoque más flexible no significa falta de rigor, sino una visión más fiel al espíritu de la ley, que prioriza la verdad histórica por encima de formalismos administrativos.
El resultado es un panorama fragmentado: un mismo expediente que en Roma puede ser rechazado, en Calabria tiene altas probabilidades de ser admitido. Para las familias, esta disparidad significa que la elección del tribunal no es un aspecto neutro, sino una decisión estratégica que puede ahorrar años de espera y miles de euros en costos adicionales. Desde el punto de vista jurídico, la falta de uniformidad vulnera el principio de igualdad y pone en entredicho la seguridad jurídica, porque derechos idénticos reciben respuestas distintas según la geografía.
La Corte Constitucional, que en los próximos meses deberá pronunciarse sobre varias de estas cuestiones, tiene la oportunidad de fijar un criterio uniforme que devuelva coherencia al sistema. Mientras tanto, los abogados debemos trabajar con dos horizontes: blindar la documentación para reducir riesgos en tribunales más estrictos y, al mismo tiempo, orientar a los clientes hacia jurisdicciones donde la jurisprudencia mantiene vivo el espíritu original de la ciudadanía italiana.
La ciudadanía iure sanguinis no debería ser un derecho relativo al lugar del juicio, sino un derecho uniforme en todo el territorio italiano. Sin embargo, la realidad actual demuestra que estamos lejos de esa meta. El desafío del futuro inmediato será construir una estrategia colectiva que empuje hacia la unificación, porque solo así la ciudadanía podrá dejar de ser una lotería burocrática y volver a ser lo que siempre fue: el reconocimiento de una identidad histórica que no admite fronteras ni interpretaciones dispares.