Si en el artículo anterior analizamos cómo la Ley 74/2025 y la Circolare 59/2025 cambiaron la transmisión de ciudadanía a los hijos menores, en esta entrega quiero detenerme en dos realidades concretas que ya están golpeando a las familias: los rechazos consulares y la imposición de una tasa de 250 € que ahora los menores deben abonar para solicitar el reconocimiento de su ciudadanía. Ambas medidas, presentadas como ajustes administrativos, esconden un efecto sustantivo: transformar en un privilegio condicionado lo que siempre fue un derecho de identidad.
Los rechazos consulares ya no son un riesgo teórico ni un debate académico, sino un hecho. El Consulado de La Plata, por ejemplo, notificó recientemente a varias familias que las solicitudes de ciudadanía para sus hijos menores habían sido rechazadas en la plataforma oficial. El mensaje es seco: la práctica ha sido rechazada por un Operador Consular y, si se desea continuar, debe presentarse una nueva solicitud conforme a la normativa vigente. No se explica el motivo preciso del rechazo más allá de una referencia genérica al incumplimiento, no se permite responder y tampoco se abre una instancia de diálogo administrativo. En términos prácticos, el trámite queda anulado y la familia se ve obligada a empezar de cero.
Lo más grave es que no hablamos de expedientes deficientes, sino de solicitudes presentadas conforme a la normativa aplicable al momento de su inicio. Familias que obraron de buena fe y cumplieron con todos los requisitos vigentes se encuentran ahora con la denegación de un derecho porque la ley cambió en el camino. Esta situación vulnera un principio básico de la seguridad jurídica: la confianza legítima en que las reglas del juego no pueden alterarse de manera retroactiva en perjuicio de quienes ya iniciaron un procedimiento.
A esto se suma la introducción de una tasa de 250 € que los menores deben pagar para que su solicitud sea tramitada. Hasta ahora, el reconocimiento iure sanguinis era gratuito, precisamente porque no se trataba de adquirir una nacionalidad nueva, sino de hacer valer una nacionalidad originaria ya existente. Con la imposición de esta tasa, se envía un mensaje equívoco: que la ciudadanía de los hijos de italianos es un servicio que se compra, no un derecho que se reconoce. Para muchas familias de América Latina, donde el euro tiene un peso económico considerable, 250 € por hijo constituye una carga significativa, sobre todo en hogares con varios menores.
Desde la perspectiva constitucional, esta exigencia plantea interrogantes serios. El artículo 3 de la Constitución italiana prohíbe cualquier forma de discriminación por condición personal o social y ordena a la República remover los obstáculos que limiten el pleno desarrollo de la persona. Si el acceso a la ciudadanía se condiciona al pago de una suma que muchas familias no pueden afrontar, se genera una desigualdad de hecho entre quienes tienen recursos y quienes no. Y si consideramos que hablamos de niños, la medida no solo es desproporcionada, sino directamente contraria al principio del interés superior del menor.
Los compromisos internacionales de Italia también se ven comprometidos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, reconoce el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad. La Convención Europea de Nacionalidad (1997) establece que las condiciones para acceder a la nacionalidad deben ser razonables y no discriminatorias. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 21 y 24, prohíbe toda discriminación por origen y exige que las decisiones que afecten a los niños respeten siempre su interés superior. En este contexto, imponer un pago como condición para el reconocimiento de la ciudadanía no parece compatible con el marco internacional de protección de derechos humanos.
¿Qué opciones tienen entonces las familias frente a este panorama? La vía inmediata es cumplir con las exigencias para no perder el plazo crítico del 31 de mayo de 2026: presentar la declaración de voluntad, ajustar la documentación y abonar la tasa, cuando el consulado lo requiera. Paralelamente, quienes sufran un rechazo podrán interponer un ricorso individual ante el tribunal italiano competente, donde será el juez quien valore si las exigencias impuestas son o no compatibles con la Constitución y con la legislación vigente. En ese proceso, el juez puede incluso elevar una cuestión de legitimidad constitucional a la Corte Constitucional italiana, si considera que la norma viola el principio de igualdad. Además, una vez agotadas las instancias internas, queda abierta la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando la violación del derecho a la vida familiar y a la no discriminación.
El cuadro que se perfila es claro: la política actual busca limitar el número de reconocimientos no por vía de una reforma constitucional, sino mediante trabas administrativas y económicas. La táctica es trasladar la carga al ciudadano: si no presentaron la nueva declaración o si no pagaron la tasa, la responsabilidad del fracaso será de la familia, no del Estado. Pero en realidad estamos frente a una restricción encubierta, diseñada para frenar un derecho sin asumir el costo político de modificar la Constitución.
La ciudadanía italiana, sin embargo, no puede convertirse en un privilegio de quienes tienen más recursos o de quienes logran sortear mejor la burocracia. Es un derecho de identidad que nace en la sangre y que la Constitución y los tratados internacionales reconocen sin condiciones. Los rechazos consulares y la tasa de 250 € son obstáculos que no resisten un análisis jurídico serio y que, más temprano que tarde, deberán ser revisados en sede judicial y constitucional. Mientras tanto, el deber de los profesionales es informar, acompañar y advertir: el plazo corre, la práctica se endurece y el derecho de los niños está en riesgo.